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domingo, 25 de septiembre de 2016

Expulsiones como solución de Conflicto: La consolidación de la competencia - 20 septiembre



Este año escolar nuevamente estuvo marcado por un primer semestre con movilizaciones estudiantiles, ya sea con largas paralizaciones o con tomas de varios colegios municipales que en algunos casos llegaron a durar hasta 3 meses. Una de las situaciones más polémicas frente a esto ha sido como los municipios han reaccionado los últimos años frente a las demandas estudiantiles en su calidad de sostenedores, ya que más que escuchar una demanda histórica (donde es evidente que mucha deliberación para resolver no tienen) y tratar de llegar a acuerdos con los jóvenes, se ha buscado detener directamente las movilizaciones con la justificación de que años anteriores han generado grandes pérdidas patrimoniales y afectaciones en la enseñanza escolar, abriéndole el paso a fuerzas especiales y sancionando duramente a los estudiantes movilizados. Un ejemplo son las palabras de la alcaldesa de Santiago Carolina Toha a Diario El Mercurio en el mes de julio afirmando que "expulsar está dentro de las opciones, pero esa decisión la deberá tomar la comunidad escolar".

Con esta indicación es que en las últimas semanas han hecho eco una serie de expulsiones en los liceos municipales de Santiago, Estación Central, y otras comunas de la capital que si bien no necesariamente guardan relación directa con las movilizaciones del primer semestre, dan a conocer una forma de entender la educación escolar desde las autoridades, donde ante el incumplimiento de ciertas normas preestablecidas de convivencia, pareciese que la más fácil solución es la exclusión de quien no cumple acabadamente con ellas. A esto, debemos sumarle los casos dados a conocer en la prensa del joven expulsado del Liceo municipal de Lanco en la Región de los Ríos por micro tráfico de drogas el cual después de ser echado de su colegio y que la Superintendencia ordenara su reincorporación nunca más se supo de él, como también el caso de la chica de 15 años de Concepción que se hizo viral por agredir violentamente a otras niñas y que además de recibir querellas por agresión y reproche social, contaba con una serie de expulsiones de colegios a los que se le sumaba que su madre tuvo que retirarla del establecimiento donde se encontraba estudiando por lo acontecido.

Estos antecedentes nos llevan a debatir nuevamente en torno a cuales deben ser los fundamentos u objetivos perseguidos  por la educación formal escolar y si cumple con un rol público el excluir a estudiantes de establecimientos por no cumplir con una serie de normas de conducta.

Desde el aspecto del integro desarrollo de una persona dentro de una comunidad, es evidente que además de conocer una serie de valores y principios que son otorgados tanto por quienes son la familia y el colegio de un niño, joven o adolecente en la sociedad occidental actual, la escuela se entiende como el espacio creado por una sociedad, comunidad o actualmente por el Estado, que entrega las condiciones o herramientas necesarias para que las personas puedan desarrollarse en distintos ámbitos y aportar a la comunidad con el uso de estas herramientas recibidas, donde quienes organizan la escuela deben garantizar la entrega de estos conocimientos, su equitativa entrega y sin discriminación alguna. Este aspecto va muy de la mano a lo establecido en el Art.26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre lo que entendemos por Derecho a la educación, la obligatoriedad que existe en su garantía y en su libre y gratuito acceso.

Entiendo esto, ¿es sensato que frente al incumplimiento de reglas dentro de un colegio se expulse a un estudiante? Lamentablemente y fuera de como teóricamente entendamos el rol de un colegio, el desarrollo de las actuales sociedades capitalistas choca con principios básicos que deben garantizarse en la instrucción escolar, donde por ejemplo, principios básicos como la entrega de herramientas de manera equitativa, la igualdad de oportunidades y la gratuidad en el acceso, tienden a ser relativizados o directamente eliminados por principios que  sean mucho más afines al sistema económico, como lo son los sistemas de enseñanza de competencia con reglamentos de comportamiento mucho más rígidos, la necesidad de mano de obra con menor instrucción y trabajos técnicos específicos y el mantenimiento e ingreso al sistema educacional  condicionados a factores socio económicos y a la rapidez de adaptación con materias mínimas.

Esta realidad es la de la educación del Chile actual, donde el Estado de manera genérica garantiza la educación, pero coexistiendo con sistemas de educación entregados por particulares con los cuales compite por rangos de “excelencia” y “calidad” y que están facultados para discriminar a los estudiantes que ingresan a sus colegios los cuales tienen claras mejores condiciones, además de un sistema mixto donde un privado administra colegios y el Estado lo financia para la mantención de los jóvenes. Este triple sistema escolar es una manifestación de como un derecho se somete al mercado, y si bien administrativamente hay claras diferencias, los fines y objetivos de entender la educación como  Derecho Humanos casi desaparecen. Se generan colegios de primera, segunda y tercera categoría, donde quienes tienen más capital o se adecuan mejor al sistema escolar tienen oportunidades y donde los que no cumplen con lo establecido quedan en el camino o simplemente son expulsados de los colegios de mayor categoría a los de peor infringiéndose y vulnerándose su derecho a educarse por los distintos problemas que lo hayan afectado en el transcurso de su juventud.

1 de cada 4 estudiantes expulsados en Chile, no vuelve
nunca más a la educación formal
Esta grave realidad se puede comprobar con los datos entregados el año pasado por la Superintendencia de Educación la cual señala que en el 2015, los colegios de más difícil acceso y mayor selección, como lo son los privados, tienen el menor número de las expulsiones (8%) y en los colegios particulares subvencionados que compiten por generar una imagen de excelencia eliminan rápidamente a quienes tienen malos resultados académicos o no cumplen con los reglamentos, llegando a contar con el 58% de las expulsiones denunciadas. Además, del total de los estudiantes expulsados, se ha demostrado que uno de cada 4 jóvenes decide dejar definitivamente la escolaridad.
Pero, ¿Qué pasa con los jóvenes que son expulsados de colegios municipales? Actualmente el restante 34% de los estudiantes expulsados son de estos colegios, los más precarizados y con peores condiciones, y además los que tienen mayor estándar de vulnerabilidad.

El no tener para comer, la violencia física, psicológica o sexual y los traumas que afecten fuertemente a una persona, las maternidades y paternidades prematuras, los conflictos sociales como el tráfico y consumo de drogas, el porte de armas, entre otros, más que ser temas los cuales las escuelas debieran obligatoriamente enfrentar para buscar solucionar, entendiendo que son problemas de miembros de su comunidad, pasan a ser cargas individuales a las que se les suma la violencia del sistema. La prohibición de un gran número de colegios que no tienen interés en los verdaderos problemas de nuestra sociedad y que solo educa a jóvenes con más oportunidades y la segregación a colegios guetos con peores condiciones para quienes tienen estos problemas, y que no tienen como poder ayudar a quienes traen consigo sus dramas.

Frente a este escenario es lógico que en estas condiciones, la rabia, la inmadurez emocional, la frustración o cualquier otro problema haga desacatar reglas de convivencia rígida, a entender los colegios como cárceles o a preferir no estudiar. Es intolerable que el sistema educacional termine siendo menos atractivo para quienes necesitan más apoyo de la sociedad, y peor aún, que frente a la organización de los estudiantes que se levantan para cambiar el sistema educacional actual, que alcaldes sugieran expulsar como solución es la demostración total de que no existe ningún reparo para ellos y conciben como normal que un colegio público cierre las puertas a cualquiera. Actualmente, con la serie de justificaciones a la expulsión en colegios públicos no solamente vemos que se han perdido los principios mínimos que la educación entendida como Derecho Humano debe garantizar, sino que se consolida la influencia del mercado y de la competencia dentro de estas escuelas que en ningún caso se hacen cargo de los distintos problemas sociales propios de una comunidad. Se prefiere excluir mirando para el lado y literalmente abandonar el desarrollo de estas personas negándose a dar solución efectiva a los distintos problemas que puedan tener por mantener una educación segmentada en base a estatus o clases.

La educación pública no puede tomar lógicas del sistema privado de cumplir con estándares específicos de cumplimiento y rendirse a ceder sus objetivos básicos de desarrollo integral e igualitario de las personas. El Derecho Humano a la educación no será garantizado solo cambiando el sistema mixto actual en Chile, sino que solo se recuperara volviendo a las lógicas reales de la educación. La lucha por cambiar la educación en el país debe ir de la mano a esto último, ya que solo cuando como sociedad nos hagamos cargo de frente a los problemas que la misma sociedad reproduce, cuando sea más motivante estudiar que seguir pateando piedras y cuando nuestra educación tenga reales métodos de reinserción y apoyo a nuestros niños y jóvenes habremos avanzado no solo a garantizar el Derecho Humano sino que a empezar a generar una educación y sociedad más justa, libre e igualitaria. 

lunes, 4 de julio de 2016

Orrego y el Derecho a la Protesta


En un año que empezo con manifestaciones estudiantiles mucho mas locales y desde su principio radicales (tomas como primer método de movilización), dejo una columna que escribí el 4 de julio como Presidente de la Codeju, en respuesta a las declaraciones de Claudio Orrego, el actual intendente de Santiago, y una de las autoridades políticas mas asquerosas y doble estandar que existe. Un DC que habla de los Derechos Humanos desde la posición religiosa y que no le ha temblado la mano, por ejemplo, dejar sin casa a la gente de las tomas de peñalolen cuando fue alcalde de esa comuna, como de denunciar a los compañeros que protegieron a toda esa gente. 

ORREGO Y EL DERECHO A LA PROTESTA

Los últimos 2 meses han estado marcados por el gran número de manifestaciones y protestas estudiantiles levantadas por todo el país, y además, por graves vulneraciones a los Derechos Humanos que se han generado mayoritariamente en el accionar de las fuerzas de orden público en respuesta a estas manifestaciones. Al parecer julio no será distinto, pues mientras desde las organizaciones estudiantiles se llama a dos manifestaciones nacionales, la respuesta del intendente metropolitano, Claudio Orrego, ha sido negar una marcha para este día martes 5 argumentando que no permitirá dos marchas en una semana y que “debe respetarse el derecho de los demás ciudadanos a transitar libremente, y la ciudad debe ser de todos”.

Ante esto, siempre hace ruido que una solicitud formal a la intendencia metropolitana (respetando la normativa vigente que de por sí contiene muchas disposiciones que criminalizan la protesta), sea rechazada con la justificación del derecho al libre tránsito y la reunión, cuando a nivel internacional se entiende que la manifestación pública es vital para consolidar la vida de la democracia y cuando detrás de las palabras del intendente se lee un claro intento de generar una falsa dicotomía entre orden público y manifestación social.

Sinceremos el asunto. Sabiendo que no se ha generado estadística al respecto, pero siendo demostrable con el solo hecho de recorrer las calles del centro de Santiago, el orden público se altera mucho más con las manifestaciones no autorizadas que con una marcha pacífica por alguna calle capitalina. En el mismo sentido, no solo existe legislación que entorpece el derecho de reunión -por ejemplo, derivándolo directamente a las disposiciones policiales-, sino que existe una clara voluntad política de las autoridades de dar a entender algunas manifestaciones públicas, y en este caso las estudiantiles, como sinónimo de desórdenes públicos, cosa que se hace visible cuando se intenta de adjudicar los desmanes ocurridos en las manifestaciones anteriores a los organizadores, desviando la atención de las demandas políticas de los manifestantes. Si bien es cierto que no se puede negar que este año se han visto hechos lamentables de violencia dentro de las manifestaciones públicas, como lo fueron la muerte de un trabajador en Valparaíso y el saqueo de una iglesia en el centro de Santiago, estas situaciones jamás deberían ser un pretexto para que se generen políticas de gobierno que busquen impedir el goce de derechos como el derecho a la reunión y a la protesta social, y tampoco para quitarle el contenido y legitimidad a las manifestaciones.

Mientras por un lado el gobierno impulsa un proyecto de reforma de educación superior que no resuelve los múltiples problemas existentes en este campo, evitando tocar los intereses económicos que hacen que justamente se vea vulnerado el Derecho Humano a la educación y, por tanto, no acerca el sistema educativo chileno al estatus de derecho social que debiese tener en base a lo establecido internacionalmente, por el otro mantiene una política criminalizadora a la protesta y al derecho a la reunión, evitando pronunciarse, por ejemplo, respecto de los hechos de tortura que sufrió una estudiante secundaria en Concepción en el desalojo de su colegio o de los terribles casos de agresiones físicas y psicológicas que han sufrido los estudiantes de Santiago por los excesos de la acción policial en los desalojos que el mismo intendente Orrego ha autorizado.

Así como quienes se manifiestan lo hacen legítimamente exigiendo que se respete un derecho social, debemos exigirles a las autoridades el respeto al ejercicio de los pocos derechos esenciales que efectivamente siguen siendo de todos y todas. Así como el intendente Orrego dice que espera que todos puedan transitar libremente este día martes, en vez de aprobar una manifestación pacífica por el centro de Santiago mandará a las fuerzas policiales a enfrentarse con quienes quieran marchar exigiendo su derecho a hacerlo, haciendo política televisiva, pero irresponsable e incoherente. Es completamente inaceptable e irracional que mientras haya manifestaciones por garantizar derechos, la respuesta sea restringir el derecho a la protesta social. Quienes reivindicamos una sociedad más justa y que respete los Derechos Humanos tenemos como deber denunciar públicamente estos actos, ya que también somos de esos que se manifiestan por una educación que sea verdaderamente un derecho y entendemos la frustración de años sin respuestas concretas de todos los estudiantes.