Este año escolar nuevamente estuvo
marcado por un primer semestre con movilizaciones estudiantiles, ya sea con
largas paralizaciones o con tomas de varios colegios municipales que en algunos
casos llegaron a durar hasta 3 meses. Una de las situaciones más polémicas
frente a esto ha sido como los municipios han reaccionado los últimos años
frente a las demandas estudiantiles en su calidad de sostenedores, ya que más
que escuchar una demanda histórica (donde es evidente que mucha deliberación
para resolver no tienen) y tratar de llegar a acuerdos con los jóvenes, se ha
buscado detener directamente las movilizaciones con la justificación de que
años anteriores han generado grandes pérdidas patrimoniales y afectaciones en
la enseñanza escolar, abriéndole el paso a fuerzas especiales y sancionando
duramente a los estudiantes movilizados. Un ejemplo son las palabras de la
alcaldesa de Santiago Carolina Toha a Diario El Mercurio en el mes de julio afirmando
que "expulsar está dentro de las opciones, pero esa decisión la deberá
tomar la comunidad escolar".
Con esta indicación es que en las
últimas semanas han hecho eco una serie de expulsiones en los liceos
municipales de Santiago, Estación Central, y otras comunas de la capital que si
bien no necesariamente guardan relación directa con las movilizaciones del
primer semestre, dan a conocer una forma de entender la educación escolar desde
las autoridades, donde ante el incumplimiento de ciertas normas preestablecidas
de convivencia, pareciese que la más fácil solución es la exclusión de quien no
cumple acabadamente con ellas. A esto, debemos sumarle los casos
dados a conocer en la prensa del joven expulsado del Liceo municipal de Lanco en
la Región de los Ríos por micro tráfico de drogas el cual después de ser echado
de su colegio y que la Superintendencia ordenara su reincorporación nunca más
se supo de él, como también el caso de la chica de 15 años de Concepción que se
hizo viral por agredir violentamente a otras niñas y que además de recibir
querellas por agresión y reproche social, contaba con una serie de expulsiones
de colegios a los que se le sumaba que su madre tuvo que retirarla del establecimiento
donde se encontraba estudiando por lo acontecido.
Estos antecedentes nos llevan a
debatir nuevamente en torno a cuales deben ser los fundamentos u objetivos
perseguidos por la educación formal
escolar y si cumple con un rol público el excluir a estudiantes de establecimientos
por no cumplir con una serie de normas de conducta.
Desde el aspecto del integro
desarrollo de una persona dentro de una comunidad, es evidente que además de
conocer una serie de valores y principios que son otorgados tanto por quienes
son la familia y el colegio de un niño, joven o adolecente en la sociedad
occidental actual, la escuela se entiende como el espacio creado por una
sociedad, comunidad o actualmente por el Estado, que entrega las condiciones o
herramientas necesarias para que las personas puedan desarrollarse en distintos
ámbitos y aportar a la comunidad con el uso de estas herramientas recibidas,
donde quienes organizan la escuela deben garantizar la entrega de estos
conocimientos, su equitativa entrega y sin discriminación alguna. Este aspecto
va muy de la mano a lo establecido en el Art.26 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos sobre lo que entendemos por Derecho a la educación, la
obligatoriedad que existe en su garantía y en su libre y gratuito acceso.
Entiendo esto, ¿es sensato que
frente al incumplimiento de reglas dentro de un colegio se expulse a un
estudiante? Lamentablemente y fuera de como teóricamente entendamos el rol de
un colegio, el desarrollo de las actuales sociedades capitalistas choca con
principios básicos que deben garantizarse en la instrucción escolar, donde por
ejemplo, principios básicos como la entrega de herramientas de manera
equitativa, la igualdad de oportunidades y la gratuidad en el acceso, tienden a
ser relativizados o directamente eliminados por principios que sean mucho más afines al sistema económico,
como lo son los sistemas de enseñanza de competencia con reglamentos de
comportamiento mucho más rígidos, la necesidad de mano de obra con menor
instrucción y trabajos técnicos específicos y el mantenimiento e ingreso al
sistema educacional condicionados a
factores socio económicos y a la rapidez de adaptación con materias mínimas.
Esta realidad es la de la
educación del Chile actual, donde el Estado de manera genérica garantiza la
educación, pero coexistiendo con sistemas de educación entregados por
particulares con los cuales compite por rangos de “excelencia” y “calidad” y
que están facultados para discriminar a los estudiantes que ingresan a sus
colegios los cuales tienen claras mejores condiciones, además de un sistema
mixto donde un privado administra colegios y el Estado lo financia para la
mantención de los jóvenes. Este triple sistema escolar es una manifestación de
como un derecho se somete al mercado, y si bien administrativamente hay claras
diferencias, los fines y objetivos de entender la educación como Derecho Humanos casi desaparecen. Se generan
colegios de primera, segunda y tercera categoría, donde quienes tienen más
capital o se adecuan mejor al sistema escolar tienen oportunidades y donde los
que no cumplen con lo establecido quedan en el camino o simplemente son
expulsados de los colegios de mayor categoría a los de peor infringiéndose y
vulnerándose su derecho a educarse por los distintos problemas que lo hayan
afectado en el transcurso de su juventud.
 |
| 1 de cada 4 estudiantes expulsados en Chile, no vuelve nunca más a la educación formal |
Esta grave realidad se puede
comprobar con los datos entregados el año pasado por la Superintendencia de
Educación la cual señala que en el 2015, los colegios de más difícil acceso y
mayor selección, como lo son los privados, tienen el menor número de las
expulsiones (8%) y en los colegios particulares subvencionados que compiten por
generar una imagen de excelencia eliminan rápidamente a quienes tienen malos
resultados académicos o no cumplen con los reglamentos, llegando a contar con
el 58% de las expulsiones denunciadas. Además, del total de los estudiantes
expulsados, se ha demostrado que uno de cada 4 jóvenes decide dejar
definitivamente la escolaridad.
Pero, ¿Qué pasa con los jóvenes
que son expulsados de colegios municipales? Actualmente el restante 34% de los
estudiantes expulsados son de estos colegios, los más precarizados y con peores
condiciones, y además los que tienen mayor estándar de vulnerabilidad.
El no tener para comer, la
violencia física, psicológica o sexual y los traumas que afecten fuertemente a
una persona, las maternidades y paternidades prematuras, los conflictos
sociales como el tráfico y consumo de drogas, el porte de armas, entre otros,
más que ser temas los cuales las escuelas debieran obligatoriamente enfrentar
para buscar solucionar, entendiendo que son problemas de miembros de su
comunidad, pasan a ser cargas individuales a las que se les suma la violencia
del sistema. La prohibición de un gran número de colegios que no tienen interés
en los verdaderos problemas de nuestra sociedad y que solo educa a jóvenes con
más oportunidades y la segregación a colegios guetos con peores condiciones
para quienes tienen estos problemas, y que no tienen como poder ayudar a
quienes traen consigo sus dramas.
Frente a este escenario es lógico
que en estas condiciones, la rabia, la inmadurez emocional, la frustración o
cualquier otro problema haga desacatar reglas de convivencia rígida, a entender
los colegios como cárceles o a preferir no estudiar. Es intolerable que el
sistema educacional termine siendo menos atractivo para quienes necesitan más
apoyo de la sociedad, y peor aún, que frente a la organización de los
estudiantes que se levantan para cambiar el sistema educacional actual, que
alcaldes sugieran expulsar como solución es la demostración total de que no
existe ningún reparo para ellos y conciben como normal que un colegio público
cierre las puertas a cualquiera. Actualmente, con la serie de justificaciones a
la expulsión en colegios públicos no solamente vemos que se han perdido los
principios mínimos que la educación entendida como Derecho Humano debe
garantizar, sino que se consolida la influencia del mercado y de la competencia
dentro de estas escuelas que en ningún caso se hacen cargo de los distintos problemas
sociales propios de una comunidad. Se prefiere excluir mirando para el lado y
literalmente abandonar el desarrollo de estas personas negándose a dar solución
efectiva a los distintos problemas que puedan tener por mantener una educación segmentada
en base a estatus o clases.
La educación pública no puede tomar
lógicas del sistema privado de cumplir con estándares específicos de
cumplimiento y rendirse a ceder sus objetivos básicos de desarrollo integral e
igualitario de las personas. El Derecho Humano a la educación no será
garantizado solo cambiando el sistema mixto actual en Chile, sino que solo se
recuperara volviendo a las lógicas reales de la educación. La lucha por cambiar
la educación en el país debe ir de la mano a esto último, ya que solo cuando
como sociedad nos hagamos cargo de frente a los problemas que la misma sociedad
reproduce, cuando sea más motivante estudiar que seguir pateando piedras y
cuando nuestra educación tenga reales métodos de reinserción y apoyo a nuestros
niños y jóvenes habremos avanzado no solo a garantizar el Derecho Humano sino
que a empezar a generar una educación y sociedad más justa, libre e igualitaria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario