Orrego y el Derecho a la Protesta

En un año que empezo con manifestaciones estudiantiles mucho mas locales y desde su principio radicales (tomas como primer método de movilización), dejo una columna que escribí el 4 de julio como Presidente de la Codeju, en respuesta a las declaraciones de Claudio Orrego, el actual intendente de Santiago, y una de las autoridades políticas mas asquerosas y doble estandar que existe. Un DC que habla de los Derechos Humanos desde la posición religiosa y que no le ha temblado la mano, por ejemplo, dejar sin casa a la gente de las tomas de peñalolen cuando fue alcalde de esa comuna, como de denunciar a los compañeros que protegieron a toda esa gente. 

ORREGO Y EL DERECHO A LA PROTESTA

Los últimos 2 meses han estado marcados por el gran número de manifestaciones y protestas estudiantiles levantadas por todo el país, y además, por graves vulneraciones a los Derechos Humanos que se han generado mayoritariamente en el accionar de las fuerzas de orden público en respuesta a estas manifestaciones. Al parecer julio no será distinto, pues mientras desde las organizaciones estudiantiles se llama a dos manifestaciones nacionales, la respuesta del intendente metropolitano, Claudio Orrego, ha sido negar una marcha para este día martes 5 argumentando que no permitirá dos marchas en una semana y que “debe respetarse el derecho de los demás ciudadanos a transitar libremente, y la ciudad debe ser de todos”.

Ante esto, siempre hace ruido que una solicitud formal a la intendencia metropolitana (respetando la normativa vigente que de por sí contiene muchas disposiciones que criminalizan la protesta), sea rechazada con la justificación del derecho al libre tránsito y la reunión, cuando a nivel internacional se entiende que la manifestación pública es vital para consolidar la vida de la democracia y cuando detrás de las palabras del intendente se lee un claro intento de generar una falsa dicotomía entre orden público y manifestación social.

Sinceremos el asunto. Sabiendo que no se ha generado estadística al respecto, pero siendo demostrable con el solo hecho de recorrer las calles del centro de Santiago, el orden público se altera mucho más con las manifestaciones no autorizadas que con una marcha pacífica por alguna calle capitalina. En el mismo sentido, no solo existe legislación que entorpece el derecho de reunión -por ejemplo, derivándolo directamente a las disposiciones policiales-, sino que existe una clara voluntad política de las autoridades de dar a entender algunas manifestaciones públicas, y en este caso las estudiantiles, como sinónimo de desórdenes públicos, cosa que se hace visible cuando se intenta de adjudicar los desmanes ocurridos en las manifestaciones anteriores a los organizadores, desviando la atención de las demandas políticas de los manifestantes. Si bien es cierto que no se puede negar que este año se han visto hechos lamentables de violencia dentro de las manifestaciones públicas, como lo fueron la muerte de un trabajador en Valparaíso y el saqueo de una iglesia en el centro de Santiago, estas situaciones jamás deberían ser un pretexto para que se generen políticas de gobierno que busquen impedir el goce de derechos como el derecho a la reunión y a la protesta social, y tampoco para quitarle el contenido y legitimidad a las manifestaciones.

Mientras por un lado el gobierno impulsa un proyecto de reforma de educación superior que no resuelve los múltiples problemas existentes en este campo, evitando tocar los intereses económicos que hacen que justamente se vea vulnerado el Derecho Humano a la educación y, por tanto, no acerca el sistema educativo chileno al estatus de derecho social que debiese tener en base a lo establecido internacionalmente, por el otro mantiene una política criminalizadora a la protesta y al derecho a la reunión, evitando pronunciarse, por ejemplo, respecto de los hechos de tortura que sufrió una estudiante secundaria en Concepción en el desalojo de su colegio o de los terribles casos de agresiones físicas y psicológicas que han sufrido los estudiantes de Santiago por los excesos de la acción policial en los desalojos que el mismo intendente Orrego ha autorizado.

Así como quienes se manifiestan lo hacen legítimamente exigiendo que se respete un derecho social, debemos exigirles a las autoridades el respeto al ejercicio de los pocos derechos esenciales que efectivamente siguen siendo de todos y todas. Así como el intendente Orrego dice que espera que todos puedan transitar libremente este día martes, en vez de aprobar una manifestación pacífica por el centro de Santiago mandará a las fuerzas policiales a enfrentarse con quienes quieran marchar exigiendo su derecho a hacerlo, haciendo política televisiva, pero irresponsable e incoherente. Es completamente inaceptable e irracional que mientras haya manifestaciones por garantizar derechos, la respuesta sea restringir el derecho a la protesta social. Quienes reivindicamos una sociedad más justa y que respete los Derechos Humanos tenemos como deber denunciar públicamente estos actos, ya que también somos de esos que se manifiestan por una educación que sea verdaderamente un derecho y entendemos la frustración de años sin respuestas concretas de todos los estudiantes.